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Title Comparación entre el Sistema Registral Español y Brasileño
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE DERECHO REGISTRAL (VERSIÓN II)

BARCELONA - ESPAÑA

 

 

 

 

 

El tercer Curso de Especialización en Derecho Registral llevado a cabo en Barcelona, España, de 10 de noviembre a 4 de diciembre de 2003, organizado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, junto con la Universidad Ramón Llull – ESADE – Facultad de Derecho, con la colaboración de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas – FIIAPP, con duración de ciento veinte (120) horas clase, mereció la pena y, siendo así, valieron el sacrificio y el estudio gastos, con la otorga por la, ESADE, del Certificado por Haber Cumplido Satisfactoriamente los Requisitos del Curso, al final del encuentro, para quien había superado los exámenes finales.

 

La programación fue extensa y los temas abordados fueron palpitantes, con clases teóricas, en la ESADE, y prácticas en varios servicios registrales de la propiedad inmobiliaria y mercantil, en el Instituto Cartográfico, en la Escuela Judicial de Formación de Magistrados, en el Instituto del Suelo, entre otros.

 

De  las exposiciones realizadas, todas de gran valor para el perfeccionamiento científico y cultural de los participantes, se contó con la presencia del mayor hipotecarista español, el Registrador de la Propiedad Inmueble José Manuel García García, del Decano del Colegio D. Fernando P. Mendéz González, del Registrador y Director de Relaciones Internacionales D. Nicolás Nogueroles, así como del Civilista y Coordinador del Curso, Dr. Sergio Llebaría Samper.

 

De este modo, pasó a discurrir sobre los principales puntos, de acuerdo con las enseñanzas y los dictámenes de la legislación española, los cuales podrán contribuir de alguna forma para el desarrollo del sistema brasileño, según sigue:

 

a) de la vinculación, del funcionamiento y de la naturaleza jurídica de la actividad registral española;

 

b) de los principios y del procedimiento registral;

 

c) de la calificación y el Registrador Sustituto (predeterminación de las sustituciones);

 

d) de la hipoteca;

 

e) de la integración del sistema registral;

 

f) del catastro y el registro;

 

g) del panorama económico.

 

 

DE LA VINCULACIÓN, DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACTIVIDAD REGISTRAL ESPAÑOLA

           

 

Primeramente, cabe resaltar que los registradores españoles ejercen sus funciones por intermedio de la vinculación que tienen, por que son funcionarios públicos, con el Ministerio de la Justicia. Son miembros del Estado, pero con carácter profesional liberal, estando, sin embargo, sometidos al control de la Dirección-General de los Registros y del Notariado, órgano censor de la administración.

 

Los registradores son obligatoriamente asociados al Colegio de los Registradores de España, entidad que congrega, orienta y fiscaliza sus socios. Como se ve, hay obligatoriedad de la inscripción en aquel País, fortaleciendo la institución, lo que no ocurre, infelizmente, en Brasil. Aquí, tenemos más de tres mil  Registradores Inmobiliarios, pero sólo mil doscientos  son asociados del noble Instituto de Registro Inmobiliario de Brasil – IRIB - en virtud del  gran empeño del actual Presidente, Sérgio Jacomino  - entidad que ha contribuido no sólo para con sus filiados, como también para toda la comunidad jurídica nacional e internacional. Si vigorase la misma regla en Brasil,  seguro que tendríamos si no la mayor, tal vez una de las más fuertes e importantes instituciones de registros del mundo, pudiendo ayudar aún más a la colectividad.  ¿Será que ya no es tiempo de rever la Ley de los Notarios y Registradores (Ley nº 8.935/94), introduciendo un dispositivo obligando a contribución para las entidades de clase cuando de la delegación?

 

 Para ser registrador en aquel país, el candidato tiene que tener nacionalidad española, formado en Derecho, someterse a unas oposiciones, siendo considerado, por lo tanto,  un jurista. El sistema es privado, con autonomía plena e independencia plena, respondiendo civilmente por la calificación documental y por todos los daños y perjuicios que causen a terceros; en primer lugar, por medio de la garantía de fianza y, en segundo, con sus bienes particulares (arts. 296 y siguientes, de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946). Como se puede ver, no están sometidos a la jerarquía administrativa y son independientes en el estricto ejercicio de su profesión.

 

En Brasil, el sistema registral es descentralizado, siendo el Registrador un profesional del Derecho, dotado de Fe Pública y con responsabilidad civil y criminal por todos los daños que cause a terceros, remunerado por la parte interesada en el registro (sistema privatizado) y su ingreso se dará a los licenciados en Derecho o a aquellos que durante más de diez (10) años ejercieron servicios en las áreas notarial o de registro, por oposiciones promovidas por el Poder Judiciario - que fiscaliza sus actos en los términos de la Ley n.º 8.935/94.

 

Por otra parte, el registro de la propiedad inmueble es eficiente porque es  único, armónico, estando montada  su estructura de la misma forma que una máquina que controla el tráfico jurídico e inmobiliario de los negocios (entrada de títulos, calificación etc) y actúa como instrumento de vigilancia en favor de los ciudadanos. Segundo Lola Galán, en artículo publicado en el Boletín Electrónico del Irib-Anoreg nº 992, “sobre la base del Registro Mercantil y de la Propiedad, aparentemente una fría y burocrática entidad, dirigida por un  millar de funcionarios de elite, se desarrollan los mercados, crece la economía y se prolonga lo que se solió llamar el bienestar social de los países.”

 

En la ciudad de Barcelona, existen veintiséis Registros de la Propiedad Inmobiliaria, que están situados en un único local,  centralizando, así, los registros. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de las 9 horas a las 18 horas, con intervalo de dos horas, incluso los sábados, en régimen especial. Recientemente, en 2001, la Dirección-General de los Registros y del Notariado, órgano máximo de la categoría, ha determinado que los registradores obligatoriamente deberán reservar tres horas diarias de su horario de trabajo para atención a las partes interesadas. Cabe recordar que los actos registrales son firmados exclusivamente por los titulares.

 

La naturaleza jurídica de la actividad registral es considerada como de jurisdicción voluntaria, donde el Estado interviene en una relación típicamente privada, para atribuir la garantía y la seguridad jurídica necesaria  a las relaciones particulares. 

           

Por lo tanto, el registrador español, en el ejercicio de sus atribuciones, es considerado “casi un magistrado”, pues es libre para desempeñar su actividad que sirve al “derecho de la vida de los ciudadanos”, a las relaciones insertadas dentro de la normalidad.

 

 

DE LOS PRINCIPIOS Y DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL

 

 

El Sistema Registral Español es movido por principios, iguales a los adoptados en Brasil, destacándose, entre ellos, el de la prioridad, el de la calificación y el de la publicidad, que adoptan procedimientos específicos, todavía no estudiados en nuestro País. Con relación al principio de la prioridad, que vale por sesenta (60) días útiles, fue previsto un procedimiento que se presta a la anticipación de la   prenotación, donde hay un sistema de comunicación previa, con plazo de diez días - vía fax o télex – en el que el formalizador del título, notario o magistrado, remite al servicio registral un resumen del acto ya elaborado. Este procedimiento genera mayor seguridad jurídica hasta la presentación del original, para el inicio de la calificación registral. Se Resalta que no se trata de reserva de la prioridad, porque ésta se refiere a un pedido anticipado  a la formalización del documento.

 

Con relación a la calificación registral, relevante mencionar que la actual Ley nº 24,  previó la más nueva forma de calificación, que es la del Registrador Sustituto, él que no se confunde con los sustitutos de los servicios registrales y notariales brasileños (oficial ayudante, ayudante, sustituto etc.), según exposición abajo mencionada en el ítem “De la calificación y del Registrador Sustituto”.

 

Ya al principio de la publicidad formal es restringido a las personas legitimadas, una vez que no se podrá proveer informaciones registrales a terceros, solamente a las partes interesadas: propietario, acreedor, usufructuario etc, diferente de la brasileña, que es muy amplia, o sea,  hay que probar el legitimo interés del solicitante, para poder acceder  a las informaciones del registro de inmuebles.

 

El sistema de registro de la propiedad es “casi siempre constitutivo”, pues sin la inscripción no hay la producción de  efecto con relación a terceros, la transmisión de la propiedad se da por el título (escritura pública, documento judicial o administrativo), con efectos probatorios entre las partes, pero el “erga omnes”  con el registro constitutivo (quien inscriba, adquiere el derecho). Como ejemplo traemos la hipoteca, bajo mencionada, que se constituye con el registro, generando el derecho real. En el caso de la hipoteca, estando la misma fuera del Folio Real, generará solamente derechos obligativos,  generando efectos sólo entre las partes contratantes.

 

En España, para que se alcance una plena seguridad jurídica es necesario que haya un procedimiento registral fuerte, capaz, confiable, eficaz y célere, a fin de que los titulares de derechos reales tengan una protección especial en el sistema registral,  por eso que cada registro tiene competencia determinada (principio de la territorialidad), no pudiendo haber competencia entre registradores de la propiedad, una vez que son independientes.

 

España considera que el principio de la territorialidad es esencial para mantener la independencia y la imparcialidad, que aliado al principio de la calificación, así como al de la justa remuneración por la práctica de los actos, forman un trípode de los atributos del registrador como respetable profesional del derecho, independiente, libre de cualquier presión política, administrativa o económica.

 

Así como allá, en nuestro país también vigora el principio de la territorialidad para fines de registro, donde en cada comarca habrá, como mínimo, un Registro Inmobiliario, órgano aislado, sin conexión con los demás, siendo la competencia para la práctica de los actos registrales absoluta, bajo pena de ser considerado inexistente caso procedido en circunscripción diversa.

 

Con referencia al registro, establece la ley española que la propiedad tiene por objeto la inscripción (folio – libros foliados y visados judicialmente – art. 238 LH) y la anotación de los actos y contratos (v.g. escrituras públicas, documentos judiciales, administrativos y una excepción de documentos privados) relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, siendo que la compraventa es facultativa, y los derechos reales son obligatorios, dentro de la circunscripción territorial donde están situados.

 

La descripción del inmueble (principio de la especialidad) en el libro folio no requiere mayores exigencias. Lo que llama la atención es el contenido del registro, principalmente el de la hipoteca, en el que deben constar las principales informaciones (cláusulas contractuales) y debe ser procedido con claridad, con detalles y todas las formalidades legales, a fin de evitar cualquier duda para las partes, pues el registro es constitutivo, sin discusión.

 

En aquel país, solamente son admitidas las inscripciones de los documentos públicos, en ellos comprendiendo las escrituras, las sentencia judiciales, los actos administrativos y documentos de procedencia extranjera legitimados según las normas del derecho procesal civil. Excepcionalmente, son permitidos documentos privados, tales como: arrendamiento, algunas cancelaciones etc. Actualmente, no se admite el registro de la posesión, situación que ocurrió hasta el año de 1945. 

 

 

 
 
 
DE LA CALIFICACIÓN Y DEL REGISTRADOR SUSTITUTO

 

 

Según la legislación española, el registrador tiene un plazo de quince días útiles (art. 2º, del Decreto Real nº 1039, de 1º de agosto de 2003) para calificar el documento presentado al registro. El plazo empieza a contar a partir del apuntamiento del título en el libro diario de operaciones (protocolo) del registro de la propiedad, o entonces, en caso de escritura pública o título judicial, hay la posibilidad del magistrado y del notario, tras levantar acto competente, remitir vía fax o télex, un pedido resumido en forma de comunicación. En este caso, el registrador apuntará en el libro protocolo, y aguardará el plazo de diez días útiles para que sea presentado el documento original. Presentado éste dentro de los diez días, empezará a contar el plazo para la calificación, bajo pena de caducidad, siendo retroactiva la vigencia del protocolo al día de la remesa del fax o télex.

 

Como se ve, presentado el documento definitivo para inscripción, tiene el registrador un plazo de quince días útiles para calificar  el título. Así, denegando el registro, o no teniendo el registrador competente procedido a la calificación en un plazo establecido, podrá el interesado solicitar al registrador a quien se ha presentado el documento, que intervenga un registrador sustituto, según cuadro de substitución (art. 18, de la LH). El registrador que no cumplió su deber de calificación tendrá el plazo improrrogable de tres días útiles para remitir el documento al sustituto, para que éste califique el título. En este último caso (no haber existido la calificación dentro del plazo legal), será reducido en un treinta por ciento (30%) de los honorarios (para nosotros emolumentos) a que tendría derecho el registrador substituido en favor de la parte interesada (art. 9, n. 2 del nuevo reglamento). Por otra parte, el registrador sustituto también tiene un plazo máximo de quince días útiles a contar de la fecha de la entrega completa de la documentación correspondiente para la calificación (art. 4 de la Ley 24/2001, que cambió la Ley Hipotecaria). No habiendo defecto o cualquier obstáculo al registro, el registrador sustituto comunicará la autorización de la operación registral al registrador substituido, juntando el texto minuta del asiento a ser practicado (art. 7 de la Ley 24/2001) y éste deberá practicar el acto registral solicitado en el plazo máximo de tres días útiles, desde el día del recibimiento de la documentación, identificando en el asiento el registrador sustituto y el registro de que es titular. Practicado el acto, el registrador substituido comunicará la circunstancia al registrador sustituto y entregará el título registrado al interesado, percibiendo el registrador sustituto el importe del 50% de los honorarios y el registrador substituido el 20% del total (art. 9, ítem 2 de la Ley 24/2001), en virtud de la no calificación.

 

Otrosí, ocurriendo la calificación en el plazo legal, pero siendo ella impeditiva del registro (negativa), la parte que no está de acuerdo con las exigencias del registrador podrá pedir la calificación de un registrador sustituto, según cuadro de substituciones organizado por el colegio de registradores, el cual en un plazo de quince días útiles someterá el título a nueva calificación. Caso la primera calificación sea mantenida, podrá el interesado interponer recurso  a la Dirección-General de Registros y del Notariado, quedando prorrogado el plazo de prioridad indefinidamente (este recurso se asemeja con la duda registral que vigora en Brasil). En la hipótesis del registrador sustituto calificar positivamente el título, será hecho el mismo procedimiento arriba descrito. En este caso, los honorarios (100%) serán divididos igualmente entre los registradores sustituto y substituido.

 

En complemento al asunto, ante su relevancia y a los avances implementados en la legislación española, fue publicado en el Boletín Electrónico del IRIB-Anoreg número 910, el 28 de octubre de 2003, un análisis de la moderna legislación hecha por el célebre Decano Fernando P. Méndez González, informando acerca de la no apreciación del recurso interpuesto por el interesado  a la Dirección-General, en un plazo de tres meses, posibilitando recurso al juez de la primera instancia correspondiente.

 

En suma, hay dos momentos distintos acerca de la intervención del registrador sustituto. El primero, donde no hay la calificación dentro del plazo legal por el registrador competente, reduciendo sus honorarios en un 30%, y, el segundo, donde hay la calificación, pero la parte no se conforma, teniendo ésta más un medio ágil para la viabilidad del registro de su título a través de la calificación hecha por otro registrador, no importando, en este caso, en la reducción de los emolumentos, pero sí, en la división.

 

 

 

 

 

DE LA HIPOTECA

 

 

La hipoteca precedió el Código Civil y el Registro de Inmuebles, no sólo en España como también en Brasil. Aquí el instituto se originó  de la Ley presupuestaria nº 317, de 21/10/1843, reglamentada por el Decreto nº 482, de 14/11/1846; y en aquel país, con la Ley Hipotecaria de 1861 y, posteriormente, con el Código Civil de 1889. Dichas legislaciones surgieron en una época de desarrollo de las relaciones de crédito, que exigían la previsión de garantías suficientes para la seguridad de los negocios y, consecuentemente, del sistema económico implementado, además de la disminución del costo del dinero, ante la disminución del riesgo de derechos contradictorios precedentes.

 

Como se ve, el instituto de la hipoteca es muy antiguo, pero siempre eficiente, concebido para garantizar el crédito y terminando con las hipotecas ocultas (sin publicidad), que generaban incertidumbres y dispendiosos conflictos, pues no había el control sobre lo que estaba o no onerado.

 

Conviene resaltar, en este momento, la importancia que el brillante magisterio del mayor hipotecarista español, José Manuel Garcia de Garcia, tuvo para el estudio del Derecho Comparado referente al instituto, incluso por el enfoque a los principios de la fe pública y de la oponibilidad.

 

El Sistema Hipotecario sufrió cambios con el transcurrir del tiempo (las últimas leyes fechan de 1944 y 1946) en función del progreso económico de los países, principalmente los desarrollados, como por ejemplo, el sistema español, uno de los más eficientes del mundo.

 

La ley española tiene más de ciento cuarenta (140) años y es importantísima para la sociedad y para la economía, desarrollando la industria de la construcción civil (mano de obra) y la de materiales e insumos para fabricación de viviendas, incentivando la producción y la realización de nuevos negocios inmobiliarios.

 

La hipoteca es revestida de todas las formalidades legales que el ciudadano merece, frente a la perfección del sistema adoptado por medio del registro destinado al principio de la especialidad formal registral, donde el registrador establece los requisitos que deben contener, así como las cláusulas del instrumento que servirán de base para el efectivo pagamiento de la ejecución, que es célere y ágil. Así como en Brasil, el registrador tiene la atribución de realizar el control de las cláusulas negociales, impidiendo que cláusulas abusivas y que hieran derechos de los consumidores puedan surtir efectos jurídicos.

 

En aquel país, la hipoteca es un derecho real de garantía de la propiedad inmueble y también de la propiedad mueble, pudiendo, aún, ser dado en hipoteca el derecho de usufructo convencional (art. 107, de la LH). Conviene realzar que, entre otros, también podrán ser hipotecados los derechos de hipoteca voluntaria y los derechos de superficie. De otra parte, no se podrán hipotecar las servidumbres, el usufructo legal, el uso y la habitación.

 

Cabe realzar que en Brasil vigora la premisa de que ostenta la facultad de oneración sólo a quien puede enajenar (art. 1.420, del CC), y frente  a la norma del artículo 1.393, del mismo diploma legal, no es posible la constitución de hipoteca sobre usufructo.

 

Además, por ser la propiedad un derecho real, para ser dada en garantía tiene que estar inscrita (registrada) al nombre del deudor, bajo pena de romper el principio del trato sucesivo (continuidad0), lo que no podrá ocurrir, porque el sistema no acepta el registro de la hipoteca si el inmueble no está al nombre del deudor, del avalista o de tercero hipotecante.

 

Por otra parte, la hipoteca de España podrá ser voluntaria o convencional (formalizada sólo por escritura pública), y legal, formalizada por un título judicial. Difiere la referida ley del ordenamiento jurídico nacional, una vez que el legislador brasileño tiene, cada vez más, atribuido fuerza de escritura pública a instrumentos privados, que, por regla general, se presentan precarios y defectuosos. Infelizmente, nuestro legislador, en vez de prestigiar el documento (escritura notarial) revestido de publicidad y de imparcialidad, no viene reconociendo su importancia como hace,  con toda la razón , el español. Ejemplo de eso es la reciente disposición insertada en el Código Civil de 2002, por el  artículo 108.

 

La  hipoteca pode garantizar una obligación determinada (ej. compraventa de un inmueble) o indeterminada (obligación de dar, hacer y no-hacer), así como podrá ser pactada por un valor determinado o indeterminado (abertura de crédito), presentando las siguientes características: a) accesoria de un contrato principal; b) indivisible; c) oponible “erga omnes”; d) ausencia del desmembramiento de la posesión; e) de carácter económico (valor); f) incompatible con el pacto comisorio.

 

En aquel país, la garantía dada al acreedor está asegurada por el registro del título en el Oficio Inmobiliario. Una vez registrada la hipoteca, la misma se vuelve oponible en contra de terceros y queda revestida de juridicidad, de fe pública y de persuasión de veracidad. Esto significa que el registro también es constitutivo, no posibilitando discusiones, dudas etc.

 

El registrador español, al examinar y calificar el título intrínsecamente y con las formalidades especiales, está invertido de todos los poderes inherentes a la función que ejerce, con autonomía plena e independencia, viniendo a responder civilmente por los perjuicios causados en virtud de su oficio. Así, todos confían y creen en la institución registral, estructurada e indicada para la perfectibilización de los derechos a los titulares de inmuebles, principalmente al acreedor, que está seguro con relación a su crédito, el cual no siendo pagado, estará habilitado para ejecutar la deuda en la forma prevista en el registro.

 

Cuanto al grado de la hipoteca, que representa la preferencia, el deudor solamente pagará lo que sea pactado y, si existir varias hipotecas, él que ejecutar recibirá su crédito y las posteriores dejarán de existir, salvo se hubiese saldo. Las anteriores permanecerán intocables.

 

Hay, también, la posibilidad de permutar grados entre los acreedores y, aún, la reserva de grado, que valdrá por un plazo de sesenta (60) días.

 

Se informa que la acción hipotecaria prescribe en veinte (20) años, diferentemente del plazo de validez de la inscripción hipotecaria, que es de treinta (30) años.

 

Con relación a  la responsabilidad patrimonial del deudor, el artículo 105, de la LH, prevé como regla general de responsabilidad personal ilimitada. Sin embargo, en las hipotecas voluntarias, podrá ser ajustado que sólo los bienes hipotecados responderán por la deuda (art. 140).

 

Ya en lo que se refiere a la ejecución de la hipoteca, se puede notar aspectos interesantes en la legislación española. Así como en Brasil, hay la ejecución judicial y la extrajudicial, siendo ésta diferente del sistema brasileño, pues allá el procedimiento de ejecución es realizado por el notario del local del registro de la hipoteca, desde que previsto expresamente en el título que originó el gravamen (arts. 129 y siguientes., de la LH y arts. 234 al 236, del Reglamento Hipotecario).

 

En la escritura pública constará, también, el valor de apreciación para fines de enajenación, así como el domicilio del deudor, que fijará la competencia para el inicio del procedimiento ejecutivo. En este caso, el deudor buscando transferir su domicilio para otra ciudad, deberá buscar la concordancia del acreedor, quedando dispensada si la mudanza de domicilio ocurrir dentro de la circunscripción donde se sitúen los bienes hipotecados. Se denota la preocupación con el domicilio de las personas - naturales y jurídicas, lo que no se verifica en Brasil, donde el deudor queda libre de cualquier comunicación o registro en la mudanza de domicilio. Se entiende que el legislador brasileño deberá reflexionar acerca del comprometimiento de las personas cuando de su alteración de dirección.

 

Finalmente, se percibe que la hipoteca española es más avanzada  que la brasileña, siendo un proceso célere y ágil, tardando aproximadamente seis meses para la satisfacción del acreedor, al contrario de Brasil, donde una ejecución se extiende por años, mitigando la adopción de esta modalidad de garantía y haciendo con que sean previstas nuevas modalidades de garantía, que también solucionan el impasse, a ejemplo de lo que ocurre con la ajenación fiduciaria de bien inmueble (Ley nº 9.514/97).

 

De todo, se verifica que aquel avanzado sistema hipotecario reconoce acertadamente la función de la actividad notarial, confiriéndole mayores poderes para atender al interés de la sociedad en general, lo que no ocurre, infelizmente, en Brasil, donde, repito, el Gobierno no detiene el control de las negociaciones entre los particulares, lo que podría ser alcanzado por la utilización de la escritura pública, elaborada por notario – digno representante del Poder Público en cada comunidad brasileña, donde, por  su conocimiento, da fe pública y representa la imparcialidad entre los contratantes,  saneando  los negocios que son llevados a cabo.

 

 

DE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA REGISTRAL

 

 

Se Puede observar, aún, la presentación de nuevas tecnologías relativas al sistema registral español, tales como la integración entre los ochocientos ochenta y ocho (888) servicios de registro de inmuebles de aquel país, una verdadera interconexión, para facilitar el acceso a las informaciones, dando agilidad y seguridad con las nuevas modalidad implantadas. Esta integración tiene como fundamento la Ley número 24/2001, que estableció el plazo máximo hasta  finales del año de 2004 para la total integración de los registros.

 

Esta centralización traerá innumerables beneficios para el sistema registral, así como para sus usuarios. Para el registro, servirá para la simplificación y eficacia operativa de los procesos, para la conservación adecuada de los originales con valor legal, para acceso y reproducción  a la documentación de forma más fácil y rápida, para la sistematización y modernización de los criterios de gestión, para evitar la manipulación de los documentos originales y para la disminución de costos.

 

Ya para el usuario, las ventajas se darán por la  mayor rapidez en el acceso a la información,  oferta de servicios, disponibilidad de las informaciones actualizadas, seguridad y confiabilidad de los datos.

 

El sistema cuenta con la participación aproximada de 15.000 operadores en los 888 Registros de la Propiedad, en 500 localidades geográficas diferentes, y hace disponible informaciones de 512.045 libros antiguos y de 362.892 nuevos, correspondiendo al lanzamiento del 60% del total de los actos registrales españoles, mediante la inversión de 30.726.621,15 de Euros, costeado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

 

Hasta el presente momento, en Brasil no hay esta preocupación con la interconexión de los oficios registrales inmobiliarios. Sin embargo, cabe informar que en el Estado de Rio Grande do Sul, ya está en funcionamiento el proyecto denominado Notaría Online” – El Sitio de los Registradores Civiles en Internet, que reúne todas las aplicaciones necesarias para  su completa informatización, interconexión y agilidad en la atención al ciudadano.

 

Este sistema tiene la finalidad de registrar, catastrar, pesquisar y emitir partidas (sin que el usuario necesite dislocarse hasta su ciudad de origen) de todos los actos practicados (nacimiento, casamiento, defunción, separación, divorcio etc.) por los cuatrocientos treinta (430) Oficios Gauchos, permitiendo aún lo siguiente: (i) la formación de una base de datos estadual (Pesquisa Integrada); (ii) la movilidad, donde el registrador puede realizar registros en cualquier lugar que tenga un ordenador a la disposición con acceso  a Internet, dentro de su circunscripción; (iii) la generación automática de todas las estadísticas (SUS, INSS, IBGE etc.); y, (iv) la unificación de procedimientos.

 

El sistema se encuentra en funcionamiento solamente en algunos oficios de la capital gaucha y región metropolitana, por su costo de implantación, imposibilitando a los Registradores Civiles de las Personas Naturales la adopción del sistema, en virtud de la gratuidad a ellos impuesta a partir de 1998, sin resarcimiento/indemnización, por los asientos de nacimiento y de óbito y por la expedición de la primera partida. El Siglo XXI, la globalización, la fantástica integración del mundo de la información traído por Internet, todo exige que los registradores de inmuebles creen un sistema integrado, formando una gran conexión.

 

 

DEL CATASTRO Y DEL REGISTRO

 

 

En España, donde el Sistema Registral se presenta bien estructurado, se encuentra en vigor disposiciones (art. 9º, de la Ley Hipotecaria y arts. 51 y 398, del Reglamento Hipotecario) que pretenden insertar en el registro del inmueble su base gráfica. En algunas ciudades de aquel País, ya se puede verificar que la real situación física del inmueble consta del Registro Inmobiliario, así como en el Catastro.

 

Según el Profesor y Registrador Jorge Requejo Liberal, en su exposición en el Curso de Especialización y en el trabajo titulado “Las Bases Gráficas de los Edificios Registrales”, publicado en el Boletín Electrónico del Irib-Anoregsp nº 978, de 12 de enero de 2004, “el Registrador no interviene en la configuración urbanística, medio ambiental o agraria de los edificios, ni es su misión la de calificarla. Sin embargo,  lo que seguramente haremos será tomar los datos de los que legal y tecnológicamente pueden hacerlo, y una vez que los hayamos tomado nos limitamos a publicarlos, y en ellos nos apoyaremos para calificar lo que seguramente podemos, y para lo que fundamentalmente se ha creado el Registro de la Propiedad, y que no es otra sino la protección de la legalidad de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos sobre bienes inmuebles.”

 

En Brasil, el aparecimiento del Catastro y del Registro se dio a finales del Siglo XIX, con el Registro del Vicario, solamente para fines estadísticos. Posteriormente, en 1964, con la llegada del Estatuto de la Tierra, se buscó , en un primero momento, instituir una forma de descripción de los inmuebles rurales, pero que, solamente con la llegada de la Ley de los Registros Públicos, se pasó a exigir en los Oficios Prediales, la descripción completa de los inmuebles urbanos y rurales, en la que deberá constar su completa localización, denominación (rural), lado de la numeración y distancia de la esquina más próxima (urbano), área superficial, medidas lineares, entre otros elementos esenciales, en atención al Principio de la Especialidad.

 

En aquel momento, el emérito jurista Afrânio de Carvalho, en su obra “Registro de Inmuebles”, en el capítulo 17, publicada  inmediatamente después  de la entrada en vigor de la Ley de los Registros Públicos, hace casi treinta años,  ya sugería que quedase anexado a la matrícula del inmueble un mapa del mismo, para visualización y conocimiento de terceros. Infelizmente, esta gran idea no se hizo obligatoria, lo que mucho habría contribuido para el perfeccionamiento del Sistema Registral Brasileño, aunque algunos Registradores Brasileños hayan seguido voluntariamente la sugerencia del maestro.

 

Sin embargo, el sistema adoptado no genera la precisión absoluta entre la realidad fáctica y la jurídica, es decir, muchas veces la matrícula no refleja acertadamente el inmueble en ella descrito. Para que eso ocurra, es necesario que se proceda un análisis georreferencial, como ya viene pasando en otros países, a ejemplo de España, de México, del Perú y de la República Dominicana.

 

Recientemente, ha sido promulgada la Ley nº 10.267/01, que alteró dispositivos de las Leyes no 4.947/66, 5.868/72, 6.015/73, 6.739/79, 9.393/96, y dio otras providencias, previendo el inicio de la incorporación de bases gráficas georreferenciadas a los registros de inmuebles rurales. Ese proceso llevará décadas para ser implementado, una vez que también no ha sido prevista la obligatoriedad de la actualización de las características de los inmuebles, la que solamente ocurrirá en el momento y en los casos previstos en ley (desmembramiento, parcelación, ajenación etc.).

 

Procedidas estas consideraciones, paso al análisis del Sistema Catastral Brasileño y del Sistema Registral. Como se sabe, ambas las instituciones – Catastro y Registro - tienen finalidades y objetivos específicos, con áreas de interés común, cual sea, la perfecta identificación y localización de los inmuebles, difiriendo en el aspecto de que el Catastro tiene una finalidad fiscal y el Registro visa dar autenticidad, seguridad, publicidad y eficacia a los derechos reales.

 

El problema de los Catastros y de los Registros es que hasta el adviento de la Ley nº 6.015/73, no había en la legislación brasileña criterios objetivos fijados para identificar y discriminar perfectamente un inmueble (esta problemática es enfrentada en casi todos los países del mundo, según se apura por la constatación de la reciente preocupación en perfeccionar esos criterios). Esta ausencia de un referenciamento único con criterios objetivos crea situaciones de descripciones vagas, confusas, insuficientes y discrepantes de una ciudad a otra.

 

Con relación a los Catastros, cada Municipalidad implementa el suyo, variando de ciudad a ciudad los elementos identificadores de los inmuebles. Hay, aún, el elemento político que, directamente, afecta el control, la implantación y la modernización de los sistemas referentes a los bienes inmuebles. Se Resalta que, por regla general, las descripciones de los inmuebles de un Catastro Fiscal son más precarias  que las exigidas para el Registro de Inmuebles, pues la precisión de la realidad jurídica supera la de la situación física, generando impasses y molestias al propietario en el momento de la regularización de su bien. Se espera que la llegada del Estatuto de la Ciudad (EC), que exige la (re)formulación del Plan Director de las ciudades con población superior a veinte mil habitantes, así como la promulgación de leyes específicas para atender a los institutos jurídicos del EC, pueda resolver o mitigar los problemas existentes relativos al Catastro.

 

Ya con relación al Registro, el artículo 176, §1º, inciso II, ítem 3 y el artículo 225 traen expresiones vagas y criterios subjetivos, posibilitando al intérprete la aplicación de la norma según su entendimiento.

 

Por lo tanto, como nuestra legislación sólo surtirá sus efectos plenos dentro de muchos años, cuando de la ocurrencia de mutaciones objetivas o subjetivas (compraventa, donación, parcelación, desmembramiento etc.) se debe pensar en el desarrollo de un proyecto piloto, a ser implementado en uno de los Estados brasileños, en el que todos los involucrados (Ayuntamiento, Gobiernos Federal y Estadual, INCRA, Servicios Registrales, Notariales y Entidades de Clase, además de otras, incluso con el apoyo del Banco Internacional de Desarrollo - BID) promoverían esfuerzos para la medición e inventario de todos los inmuebles del territorio. Aún, esta unión de esfuerzos deberá contar con profesionales (ingenieros, arquitectos y agrimensores) altamente calificados, pues son la fuente de subsidios para el Catastro y para el Registro, una vez que son ellos que realizan el análisis físico del inmueble. Se exige, entonces, competencia y calidad de todos los sectores para que se pueda alcanzar un sistema perfecto.

 

Con eso, se percibe que ambos los Países ( Brasil, con la Ley nº 10.267/01 y  España, a través de la Ley Hipotecaria y de su Reglamento) están en el camino de alcanzar la perfecta integración Catastro-Registro. Así, es posible la cooperación entre el Catastro (a cargo de los ayuntamientos para los inmuebles urbanos y bajo el análisis del INCRA para los rurales) y el Registro Inmobiliario, los cuales deben operar como sistemas interactivos.

 

Aunque la seguridad existente con el desarrollo ya alcanzado, el sistema registral tendrá seguridad plena cuanto más completa sea la realidad de los hechos con la constante del Folio Real. Vale decir que es de vital importancia que el Catastro y el Registro se refieran al mismo objeto, precisamente.

 

 

DEL PANORAMA ECONÓMICO

 

 

No es novedad para nosotros que Brasil viene atravesando una crisis económica, con reflejo en el derecho de propiedad, pues es muy grande el número de inmuebles fuera del registro, perjudicando el mercado y los negocios. Se estima que entre el cuarenta y cincuenta por ciento de los inmuebles brasileños estén en situación irregular (dominio, posesión, título, clandestinidad etc.), diferentemente de España, donde no llega a un cinco por ciento el número de inmuebles irregulares, los cuales están concentrados en el área rural.

 

Ante este hecho, según ya había dicho anteriormente , en su reciente palestra en Brasília-DF, en octubre del corriente, el Decano de los Registradores de España, Fernando P. Mendéz González, reafirmó de manera contundente el momento histórico que vive el registrador brasileño ante la posibilidad de, juntamente con el Gobierno Federal, regularizar las propiedades que se encuentran al margen de la ley, resultando de esta situación mayor posibilidad de acceso al crédito de financiación, consabidamente  uno de los principales factores de giro de la economía.

 

En España, los intereses para la adquisición de la propiedad inmueble varían del 1,5% al 3% al año, al paso que en Brasil, la tasa media de intereses anual supera lejos los 10% al año.

 

Podemos identificar España como ejemplo, donde el sistema hipotecario representa un montante del 54% del PIB, cerca de cuatrocientos mil millones  de Euros, con aproximadamente cien millones de contratos hipotecarios, demostrando, con eso, la pujanza y la fuerza del sistema registral.

 

Se ha verificado que la sociedad española invierte en la adquisición de la propiedad con la intención de adquirir la casa propia, haciendo con que el mercado de locaciones sea muy pequeño, representando sólo el once por ciento (11%) del mercado.

 

Como se ve, el dinero puesto en el mercado circula en todos los sectores de la economía, elevando el índice de crecimiento del País, valorizando sobremanera la propiedad – aproximadamente un 17% en el último año.

 

Diferentemente de Brasil, donde los intereses varían entre el 15% y el 18% al año, haciendo casi imposible y raros los casos de financiación para adquisiciones y reformas, gran parte de los inmuebles se presentan en situaciones clandestinas e irregulares, quedando, de consecuencia, fuera del comercio formal, no generando riquezas al País.

 

Se Percibe que la gran diferencia del Sistema Brasileño al Español, el que sirve de base para el desarrollo y la puesta en marcha del instituto de la hipoteca, afectando la sociedad en general positivamente, es el costo del crédito. Mientras que en Brasil son cobrados altísimos intereses, haciendo con que el adquiriente de un inmueble pague por la cosa algunas veces  su valor y el precio estipulado, en España, los intereses son cobrados en niveles compatibles para e desarrollo de diversos sectores de la sociedad, y no de uno en especial. Allá ocurre el proceso inverso del que ocurre aquí, pues el inmueble tiene un costo superior, pero el crédito para adquirirlo es facilitado, mientras que aquí, las propiedades presentan precios compatibles con nuestra realidad, pero los intereses por la concesión del crédito son altísimos.Por eso, se indaga sobre la efectiva necesidad de manutención de los intereses como se presentan hoy (entre el 15 y el 20%), aunque ya tengamos alcanzado el control de la inflación.

 

Por lo tanto, es llegado el momento de repensar el sistema nacional de crédito, con la adopción de medidas que incentiven el desarrollo económico. En este sentido, deberá la sociedad brasileña implicarse en este propósito, presionando al gobierno para la resolución urgente del problema enfrentado, incluyendo toda la clase registral y notarial, para que colaboraren con el gobierno en pro de la regularización.

 

De lo arriba expuesto,  se concluye, plagiando Geraldo Vandré, en su famosa canción “Quem Sabe Faz a Hora Não Espera Acontecer”,  ha llegado el momento de los Notarios y Registradores brasileños colaborar con el gobierno, remangándose y trabajando con el objetivo de instituir un plan emergencial, objetivando regularizar las propiedades, con la edición de leyes que dispensen exigencias otras que no la documentación relativa a buen origen del inmueble, resolviendo grave problema social y poniendo los inmuebles sin matrículas/registros, a costos bajos, con beneficio para todos, o sea: (i) la Municipalidad - que actualizaría el catastro para fines del impuesto territorial o predial; (ii) el titular del dominio - que podría dar el inmueble en hipoteca, con acceso al crédito; (iii) los Notarios y Registradores - porque practicarían actos pasibles de emolumentos;  y, (iv) la Paz Jurídica - identificando al titular del dominio y la especie de su derecho, incluso para que los acreedores empeñen, si es  el caso, el inmueble o derechos y acciones.

 

Para Santo Tomas de Aquino, el derecho de propiedad es un derecho divino. Por lo tanto, que mejor misión podría haber recibido el registrador al dar vida de forma integrada a la máxima bíblica “darle a Cesar lo que es de Cesar y a Dios lo que es de Dios”, que en esta vertiente sería “darle al hombre lo que es del hombre, pero venido directamente de Dios”.

 

Finalizando, dejo consignado que la realización del curso fue de gran importancia para el perfeccionamiento de los conocimientos en el área, dándoles la enhorabuena  a los registradores españoles y al Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, por haber convertido su nación en una potencia mundial a lo que se refiere al Derecho Registral, así como la ESADE y la FIIAPP, por la realización del evento, permitiendo a los registradores de diversos países la participación en un curso a nivel internacional.

 

 

João Pedro Lamana Paiva

Registrador / Notario de Protesto / Vicepresidente y Director para Asuntos Internacionales del IRIB y Vicepresidente del SINDIREGIS

 

Participaron del curso representantes de quince países iberoamericanos (Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Porto Rico, República Dominicana y Uruguay),  con la presencia, aún, de los compañeros abajo nombrados, que de una manera u otra, contribuyeron para la realización de lo arriba expuesto. Son ellos:

 

José Alexandre Dias Canheo – 1º Oficial de Registro de Inmuebles y Anexos de Bauru-SP.

Luiz Guilherme de Andrade Vieira Loureiro – Titular del Sexto Oficio de Campos-RJ.

Marcos Pascolat – Oficial Designado del Registro de Inmuebles y Anexos de Chopinzinho-PR.

Rosângela Vilaça Bertoni – Docente de la Universidad de Franca-SP.

 

 

Brazil /Brasil
Contributed by: Mariana Herrera
Date Published Noviembre 2003
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